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A good corporate governance regime is central to the
efficient use of corporate capital. Good corporate
governance also helps to ensure that corporations take into
account the interests of a wide rage of constituencies, as
well as of the communities within which they operate, and
that their boards are accountable to the company and the
shareholders. This, in turn, helps to assure that corporations
operate for the benefit of society as a whole. It helps to
maintain the confidence of investors – both foreign and
domestic – and to attract more long-term capital.
The OECD Principles of Corporate Governance were endorsed by
ministers at the OECD Council meeting at ministerial level on 26-27 May
1999. They were developed in response to a mandate given to the
Organisation by the OECD Council meeting at ministerial level in 1998 to
develop a set of standards and guidelines on good corporate governance.
(21 1999 06 1 P) FF 120
ISBN 92-64-17126-6
9:HSTCQE=V\VW[]:
ORGANIZACIÓN PARA LE COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
Over the past decade, the world has witnessed a significant
transformation in the role of the private sector in economic
development and job creation. As more and more countries
have adopted market-based approaches to economic policy,
there has been an increasing awareness of the importance of
private corporations for the welfare of individuals.
Principios
de la OCDE
para el gobierno
de las sociedades
OCDE
 OECD, 1999.
 Software: 1987-1996, Acrobat is a trademark of ADOBE.
All rights reserved. OECD grants you the right to use one copy of this Program for your personal use only. Unauthorised
reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data or software is prohibited. You must treat the
Program and associated materials and any elements thereof like any other copyrighted material.
All requests should be made to:
Head of Publications Service,
OECD Publications Service,
2, rue André-Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France.
Principios de la OCDE
para el gobierno
de las sociedades
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
En virtud del artı́culo 1.° de la Convención firmada el 14 de diciembre de 1960, en
Parı́s, y que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como objetivo promover las
polı́ticas destinadas:
– a lograr la más fuerte expansión posible de la economı́a y del empleo y a
aumentar el nivel de vida en los paı́ses miembros manteniendo la estabilidad
financiera y contribuyendo ası́ al desarrollo de la economı́a mundial;
– a contribuir a una sana expansión económica en los paı́ses miembros y en los no
miembros en vı́as de desarrollo económico;
– a contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.
Los firmantes de la Convención constitutiva de la OCDE son: Alemania, Austria,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia,
Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Paı́ses Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza y Turquı́a. Los paı́ses siguientes se han adherido posteriormente a
esta Convención (las fechas son las del depósito de los instrumentos de adhesión) : Japón
(28 de abril de 1964), Finlandia (28 de enero de 1969), Australia (7 de junio de 1971),
Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), Mexico (18 de mayo de 1994), la República
Tcheca (21 de diciembre 1995), Hungria (7 de mayo 1996), Polonia (22 de noviembre) y
Corea (12 de diciembre 1996). La Comisión de la Comunidades Europeas participa en los
trabajos de la OCDE (artı́culo 13 de la Convención de la OCDE).
Traducción al español realizada por Euroforum Escorial, España, a partir de las versiones originales
publicadas con los tı́tulos :
OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DE L’OCDE
 OCDE 1999
Las solicitudes de permiso de reproducción parcial para uso no comercial o destinadas a la
formación deben dirigirse al Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC), 20 rue des
Grands-Augustins, 75006 Paris, France, Tel. (33-1) 44 07 47 70, Fax (33-1) 46 34 67 19, para todos
los paı́ses excepto Estados Unidos. Para Estados Unidos la autorización debe obtenerse del
Copyright Cleareance Center Inc., (CCC) (1-508) 750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers,
MA 01923 USA, o CCC Online: http://www.copyright.com// Cualquier otra solicitud de reproducción o de traducción total o parcial de esta publicación debe ser dirigida a Editions de l’OCDE,
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
PRINCIPIOS DE LA OCDE PARA
EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES
El Consejo de la OCDE, en su cumbre de ministros del 27 - 28 de
abril de 1998, pidió a la OCDE que desarrollara, en conjunción con los
gobiernos nacionales y otras organizaciones internacionales de importancia así
como con el sector privado, una serie de normativas y lineamientos en materia
de gobierno corporativo. Con el fin de llevar a cabo este objetivo, la OCDE
estableció el Grupo de Trabajo ad-hoc de Gobierno Corporativo para desarrollar
una serie de Principios no vinculantes que englobaran los puntos de vista de los
países miembros sobre este asunto.
Los Principios detallados en este documento se basan en experiencias
de iniciativas nacionales de los países miembros y en trabajos anteriores de la
OCDE, incluyendo los del Grupo Consultivo del Sector Empresarial en
Gobierno Corporativo de la OCDE. Durante su preparación, los siguientes
comités de la OCDE participaron en el desarrollo de la elaboración de estos
principios: el Comité de Mercados Financieros, el Comité de Inversión
Internacional y Empresas Multinacionales, el Comité de Industria, y el Comité
de Política de medio ambiente. Se beneficiaron también del intenso intercambio
de información, datos y recomendaciones de algunos países no miembros de la
OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el sector
empresarial, inversionistas, sindicatos y otras partes interesadas.
Los Principios fueron aprobados por los ministros de la OCDE en su
cumbre de Ministros del 26 - 27 de mayo de 1999.
3
INDICE
Prefacio ............................................................................................................................ 7
Preámbulo ...................................................................................................................... 13
Primera Parte
Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades
Los derechos de los accionistas...................................................................................... 19
Tratamiento equitativo de los accionistas ..................................................................... 21
La función de los grupos de interés social en el gobierno de las sociedades ................. 22
Comunicación y transparencia informativa.................................................................... 23
Las responsabilidades del consejo.................................................................................. 24
Segunda Parte
Anotaciones sobre los principios de la ocde para el gobierno
de las sociedades
Los derechos de los accionistas...................................................................................... 29
Tratamiento equitativo de los accionistas ..................................................................... 34
La función de los grupos de interés social en el gobierno de las sociedades ................. 39
Comunicación y transparencia informativa................................................................... 41
Las responsabilidades del consejo.................................................................................. 47
5
PREFACIO
En la última década el mundo ha sido testigo de transformaciones
significantes del papel que juega el sector privado en el desarrollo de la
economía y en la creación de empleos. Debido a que cada vez más países
adoptan enfoques basados en mercado a la política económica, ha aumentado la
conciencia de la importancia de corporaciones privadas para el bienestar de los
individuos.
Las corporaciones crean empleos, generan ingresos tributarios,
producen una amplia gama de bienes y servicios a precios razonables, manejan
cada vez más nuestros ahorros y aseguran nuestros ingresos para el retiro. Al
igual que aumenta en todo el mundo la confianza en el sector privado, crece en
importancia el tema de gobierno corporativo.
Ello ha sido cierto por un buen número de años en países de la OCDE,
donde mucho se ha trabajado para mejorar los regímenes de gobierno
corporativo. Las recientes crisis financieras en Asia y otras regiones han
permitido dejar claro a otros países alrededor del mundo por qué resultan
importantes para la confianza de los inversionistas y el desempeño de
economías nacionales, temas como transparencia y contabilidad en gobierno
corporativo. El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por
los cuales son operadas y controladas las corporaciones. Mientras que los
gobiernos juegan un papel central en la constitución de un clima legal,
institucional y regulatorio en que se desarrollan gobiernos corporativos
individuales, la principal responsabilidad recae en el sector privado.
Un buen régimen de gobierno corporativo ayuda a afirmar que las
corporaciones utilizan su capital de manera eficaz. El buen gobierno corporativo
ayuda además a asegurar que las corporaciones toman en cuenta los intereses de
un amplio rango de componentes, al igual que para comunidades con las que
operan, y que sus Juntas de Administración son responsables con la compañía y
los accionistas. Ello ayuda a asegurar que las corporaciones operen para el
beneficio de la comunidad. Ayuda a mantener la confianza de los inversionistas
–trátese de nacionales o extranjeros – y a atraer capitales estables y a
largo plazo.
7
En respuesta a la preocupación creciente de la importancia de un buen
gobierno corporativo, Ministros de los países miembros de la OCDE solicitaron
a la organización en 1998 desarrollara una serie de normativas y directrices para
1
serles presentadas en mayo de 1999. Estos Principios responden a este
Mandato. Estos fueron aprobados por los ministros de la OCDE en su cumbre
de Ministros del 26 - 27 de mayo de 1999.
Los Principios de la OCDE representan la primer iniciativa de
cualquier otra organización intergubernamental para desarrollar elementos de
base de un régimen de buen gobierno corporativo. Así, dichos Principios
pueden utilizarse como referencia para gobiernos al momento de evaluar y
mejorar sus leyes y regulaciones. Pueden asimismo ser utilizados por partes del
sector privado que jueguen un papel en el desarrollo de sistemas de gobierno
corporativo y mejores prácticas.
Tal y como lo demuestra el preámbulo de este documento, no existe
un modelo único para un buen gobierno corporativo. Diferentes sistemas
legales, marcos institucionales y tradiciones significan que pueden desarrollarse
diferentes enfoques alrededor del mundo. No obstante, es común a todos los
regímenes el alto grado de prioridad en los intereses de los accionistas que
confían sus depósitos en corporaciones para que sus fondos de inversión se usen
de manera más eficaz y efectiva.
En adición a ello, las mejores corporaciones reconocen que la ética
empresarial y preocupación corporativa de intereses sociales y de medio
ambiente de las comunidades en las que operan pueden tener un impacto en la
reputación de desempeño corporativo a largo plazo. Competitividad y éxito son
el resultado final del trabajo de equipo, involucrando contribuciones de los
empleados y otros proveedores. Reflejando dichas consideraciones, los
Principios reconocen el papel de dichos accionistas y alientan a una cooperación
activa para la creación de bienestar, empleos y corporaciones financieramente
sanas.
A pesar de que los Principios no son vinculantes, al final de cuentas
resulta de interés propio para los países y corporaciones que puedan evaluar sus
propios regímenes de gobierno corporativo y tomar en cuenta dichos Principios.
En un mundo de cada vez mayor integración, caracterizado por una alta
movilización de capitales, las esperanzas de los inversionistas de prácticas de
gobiernos corporativos más responsables resultan ser algo que los gobiernos y
compañías no pueden ignorar. Se trata simple y sencillamente de un tema de
relevancia para los inversionistas extranjeros. Consolidar la confianza de
inversionistas nacionales en corporaciones de sus propios países y mercados de
acciones significa mucho para la competitividad de las corporaciones a largo
plazo, así como para la vitalidad y salud general de las economías nacionales.
8
Dado que el buen gobierno corporativo es una responsabilidad
compartida, la OCDE da la bienvenida y estimula a un uso generalizado de los
principios por parte de los gobiernos, asociaciones privadas, compañías,
inversionistas y otras partes involucradas con el mejoramiento de prácticas de
gobierno corporativo. La OCDE busca la cooperación entre sus países
miembros con los no miembros, con organizaciones internacionales tales como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y con organismos
regionales y cuerpos del sector privado en un esfuerzo colectivo para consolidar
la creación de gobiernos corporativos alrededor del mundo.
Los Principios de la OCDE en materia de gobierno corporativo
forman parte de un esfuerzo internacional de promover mayor transparencia,
integridad y acato a las leyes. Otras iniciativas de la OCDE que han contribuido
a estos esfuerzos incluyen la convención para el combate contra el cohecho en
transacciones empresariales internacionales, los lineamientos para empresas
multinacionales, instrumentos orientados para disciplinar la competencia
tributaria nociva, y “carteles de núcleo duros”, las recomendaciones para mejora
del comportamiento ético de los servidores públicos y el trabajo del grupo de
acción financiera en materia de lavado de dinero, por mencionar sólo algunos.
Mientras que los Principios para el gobierno de las sociedades de la
OCDE representan un importante paso para un entendimiento común
internacional en materia de regímenes de buen gobierno corporativo, es
importante recalcar que son eso: un primer paso. Las prácticas de gobierno
corporativo son de naturaleza evolutiva, con mejoras que se realizan sobre otras
mejoras y mejores prácticas mientras se desarrollan. Estos principios también
son evolutivos. La intención de la OCDE es continuar con el análisis de temas
relevantes al gobierno corporativo, para seguir al frente de desarrollos en todo el
mundo, y para examinar y posiblemente revisar estos Principios a la luz de
circunstancias cambiantes.
Extendemos nuestro sincero agradecimiento a los miembros del grupo
de trabajo ad-hoc, gracias a quienes con su dedicación y experiencia hicieron
2
posible que estos Principios se desarrollaran en muy poco tiempo. La manera
en que todos los participantes trabajaron de manera constructiva y de
cooperación hicieron que este esfuerzo llegara a una conclusión exitosa.
Queremos agradecer también a aquellas organizaciones e individuos que
participaron en nuestras consultas o que sometieron comentarios, así como a
muchas delegaciones de la OCDE en 4 comités que estuvieron involucrados. El
comité de mercados financieros, el comité de inversión internacional y
empresas multinacionales, el comité de industria y el comité de políticas de
medio ambiente. Su empuje contribuyó enormemente al éxito del esfuerzo y a
hacer de estos Principios de Gobierno Corporativo un documento vivo
y relevante.
9
Los Principios se beneficiaron enormemente del empuje de los
representantes de países no miembros de la OCDE de algunos continentes, así
como de la gran gama de representantes del sector privado y otras partes
interesadas. Finalmente, se enviaron a través de la página web de la OCDE
diferentes borradores de los Principios, haciendo posibles comentarios de un
segmento de público más amplio.
Los Principios resultaron de experiencias de países miembros de la
OCDE y trabajos anteriores realizados en la OCDE. A este respecto, el Informe
1998 de la OCDE del Grupo Consultivo del sector empresarial en gobierno
corporativo jugó un papel importante. Pueden encontrarse copia de estos
Principios y material relacionado en la página web de la OCDE en
http://www.oecd.org/daf/governance/principles.htm.
Donald Johnston
Secretario General
Joanna R. Shelton
Secretario General Alterno
Presidente del grupo de trabajo
de gobierno corporativo de la OCDE
10
NOTAS
1.
Para cumplir con el mandato Ministerial, la OCDE estableció un grupo de
trabajo ad-hoc compuesto por todos los gobiernos miembros; la Comisión
Europea, 4 organizaciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria y la
Organización Internacional de Comisiones de Seguridad); los Comités
Consultivos de Empresa e Industria (BIAC) y de Sindicatos (TUAC) de la
OCDE, así como representantes de otras organizaciones selectas del sector
privado.
2.
Quisiéramos agradecer también al personal del Secretariado de la OCDE que
pasaron largas horas a servir al grupo de trabajo con dedicación y excelencia:
en la Dirección de Asuntos Fiscales, Financieros y empresariales, William
Whitherell, Rainer Geiger, John Thompson, Mats Isaksson, Richard
Frederick, Stilpon Nestor, Elizabeth Wilson-Smith; en la Dirección de
Ciencia, Tecnología e Industria: Maria Maher; y en el Secretariado General:
Tony Rottier y Pierre Poret.
11
PREÁMBULO
La finalidad de estos principios consiste en asistir a gobiernos de
países miembros y no miembros en sus esfuerzos por evaluar y mejorar los
marcos legal, institucional y normativo sobre el gobierno corporativo en sus
países, así como proporcionar directivas y sugerencias para las bolsas de
valores, los inversionistas, las sociedades, y otras partes implicadas en el
proceso de desarrollo de unas “buenas prácticas” de gobierno corporativo. Los
Principios se centran en las empresas cotizadas. No obstante, hasta el punto en
que se consideren aplicables, también pueden resultar ser herramientas útiles
para mejorar el gobierno corporativo en algunas compañías que no cotizan en
bolsa, como puedan ser ciertas empresas privadas o públicas. Los Principios
representan una base común que los países miembros de la OCDE consideran
esencial para el desarrollo de una política de gobierno corporativo acertada.
Dichos principios deberían ser concisos, comprensibles y accesibles para la
comunidad internacional. Su finalidad no consiste en suplantar las iniciativas
del sector privado para desarrollar mejores prácticas y más detalladas de
gobierno.
La OCDE y sus países miembros reconocen la creciente sinergia
existente entre la macroeconomía y las políticas estructurales. Un elemento
clave para mejorar la eficacia de la economía es el gobierno de las sociedades,
el cual incluye una serie de inter-relaciones entre la dirección de la compañía, su
Consejo de Administración, sus accionistas y otros grupos de interés social. El
gobierno corporativo también proporciona la estructura que permite establecer
los objetivos de la compañía, determinando los medios para alcanzarlos y cómo
supervisar su cumplimiento. Un buen gobierno corporativo debe proporcionar
incentivos adecuados para que el Consejo de Administración y la dirección
seleccionen aquellos objetivos más rentables para la compañía y los accionistas.
Debe, igualmente, permitir un control más eficiente y, por consiguiente, alentar
un uso más eficaz de los recursos por parte de las compañías.
El gobierno corporativo es sólo una parte dentro de un contexto
económico más amplio, en el cual operan las firmas y que incluye, por ejemplo,
las políticas macroeconómicas y la competencia en los mercados de productos
de consumo y de factores de producción. El marco del gobierno corporativo
13
también está sujeto a un entorno legal, normativo e institucional. Además,
factores como la ética empresarial y la concienciación corporativa respecto a los
intereses medioambientales y sociales de las comunidades en las que está
enmarcada, también pueden tener una gran repercusión sobre la reputación y el
éxito a largo plazo de una empresa.
Ya que múltiples factores afectan a los procesos de gobierno y toma
de decisiones en las firmas y que son determinantes para su éxito a largo plazo,
los Principios se centran en los problemas de gobierno resultantes de la
separación entre la propiedad y el control. Se toman en cuenta otros asuntos
relevantes en los procesos de toma de decisión de una compañía, como pueden
ser las cuestiones medioambientales o éticas. Estas cuestiones quedan
reflejadas de forma más explícita en otros documentos de la OCDE (incluyendo
las Directrices para Empresas Multinacionales y la Convención y
Recomendaciones sobre el Coheho) y de otras organizaciones internacionales.
El grado de cumplimiento de los principios básicos de Buen Gobierno
por parte de las sociedades es un factor cada vez más determinante en las
decisiones de inversión. La relación entre las prácticas de Buen Gobierno y el
carácter cada vez más internacional de la inversión es de particular relevancia.
Los flujos internacionales de capital permiten a las compañías acceder a una
financiación por parte de un grupo de inversores mucho más amplio. Si los
países quieren sacar el máximo provecho del mercado de capitales global y
atraer capital estable a largo plazo, las disposiciones del gobierno corporativo
deben ser creíbles y fáciles de comprender en el mundo entero. El
cumplimiento de una política eficaz de gobierno implicará un aumento de la
confianza de los inversores nacionales, que pueda reducir los costos del capital
y, en último caso, que permita establecer unas fuentes de financiación más
estables, incluso si las sociedades no dependen principalmente de fuentes de
capital extranjero.
El gobierno de las sociedades se ve afectado por las relaciones entre
los participantes y el sistema de gobierno. Los accionistas mayoritarios, ya sean
individuos, holdings familiares, alianzas en bloque, u otras sociedades que
actúen a través de compañías tenedoras o de participación accionaria recíproca,
pueden influir de manera significativa en el comportamiento corporativo.
Como accionistas, los inversores institucionales solicitan, de manera creciente,
una voz en el gobierno corporativo en ciertos mercados. Los accionistas
individuales no suelen pretender ejercer sus derechos de gobierno, pero otorgan
gran importancia a un trato justo por parte de los accionistas mayoritarios y la
dirección. Los acreedores desempeñan un papel importante en algunos sistemas
de gobierno, pudiendo actuar potencialmente como supervisores externos de las
prestaciones corporativas.
14
Los empleados y otros grupos de interés social desempeñan una
función determinante, contribuyendo al éxito y a los resultados a largo plazo de
la sociedad, mientras que los Gobiernos establecen el marco general
institucional y legal del gobierno corporativo. La función de cada uno de estos
participantes y su interacción varían en gran medida entre los países miembros
de la OCDE, así como entre los países no miembros. Estas relaciones están
sujetas, por un lado, al derecho y las normativas y, por el otro, a la adaptación
voluntaria y las fuerzas del mercado.
No existe un modelo único de “buen gobierno”. Así, es importante
destacar que el trabajo desarrollado por los países miembros y la propia OCDE
ha permitido identificar algunos elementos comunes de este “buen gobierno”.
Los Principios se desarrollan a partir de estos elementos comunes, redactándose
con el objetivo de abarcar los distintos modelos existentes. No abogan, por
ejemplo, por una estructura específica de Consejo. El término “Consejo”
empleado en este documento pretende englobar los diferentes modelos
nacionales de estructuras de Consejos de Administración en los países de la
OCDE. En el sistema dual o de dos niveles típico de ciertos países, el término
“Consejo” empleado en los Principios se refiere al “Consejo de Supervisión”,
mientras que el término “directivos clave” se refiere al “Consejo de
Administración”. En los sistemas en los cuales un comité de control interno
supervisa al Consejo unitario, el término “Consejo” incluye a ambos.
Los Principios no son vinculantes y no pretenden plantear fórmulas
detalladas a las legislaciones nacionales. Su finalidad no es otra sino actuar
como punto de referencia. Pueden ser empleados por los individuos encargados
de planificar las políticas a medida que estudian y desarrollan los marcos legales
y normativos del gobierno corporativo, reflejando así la propia coyuntura
económica, social, legal y cultural, y de los participantes del mercado en el
desarrollo de sus propias prácticas.
Los Principios son de naturaleza evolutiva, debiendo de revisarse cada
vez que surja un cambio significativo en su contexto. Las sociedades deben
innovar y adaptar sus prácticas de gobierno corporativo a fin de cumplir con las
nuevas demandas y aprovechar las oportunidades que surjan para poder seguir
siendo competitivas en un mundo en constante evolución. De igual manera,
recae sobre los gobiernos una importante responsabilidad para elaborar un
marco regulador eficiente que proporcione la flexibilidad suficiente que permita
a los mercados funcionar de forma eficaz y responder a las expectativas de los
accionistas, los inversores y otros grupos de interés. La aplicación de estos
principios en el desarrollo de los marcos de gobierno corporativo es decisión de
los Gobiernos y los participantes en los mercados, tomando en cuenta los costos
y los beneficios de la normativa.
15
El siguiente documento está dividido en dos partes. Los Principios
introducidos en la primera parte del documento cubren cinco apartados: I) Los
derechos de los accionistas; II) Tratamiento equitativo de los accionistas; III) La
función de los grupos de interés social; IV) Comunicación y transparencia
informativa; y V) Las responsabilidades del Consejo de Administración. Cada
apartado está encabezado por un único Principio en negritas e itálicas, seguido
de una serie de recomendaciones pertinentes. En la segunda parte del
documento, estos Principios se complementan con anotaciones a modo de
comentarios acerca de los Principios y cuya intención es la de servir de ayuda a
los lectores a comprender su base y razonamiento. Dichas anotaciones también
pueden incluir descripciones de las tendencias dominantes y ofrecer alternativas
y ejemplos útiles para la aplicación práctica de los Principios.
16
Primera Parte
PRINCIPIOS DE LA OCDE PARA
EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES
17
I.
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
El marco del gobierno de las sociedades debe proteger los derechos de
los accionistas.
A.
Los derechos básicos de los accionistas incluyen el derecho a: 1)
estipular los métodos de registro de la propiedad; 2) traspasar o
transferir las acciones; 3) recabar información relevante sobre la
sociedad de manera periódica; 4) participar y votar en las juntas
generales de accionistas; 5) designar a los miembros del Consejo; y 6)
participar en los beneficios de la sociedad.
B.
Los accionistas tienen derecho a participar y a estar lo suficientemente
informados sobre las decisiones que acarrean cambios fundamentales
en la sociedad, tales como: 1) enmiendas a los estatutos, las escrituras
de constitución u otros documentos de gobierno de la sociedad; 2) la
autorización para la emisión de nuevas acciones; y 3) transacciones
extraordinarias que deriven en la venta de la compañía.
C.
Los accionistas deben contar con la posibilidad de participar de forma
efectiva y votar en las Juntas Generales de accionistas, debiendo ser
informados acerca del reglamento, incluido el proceso de votación,
que rige las Juntas Generales de accionistas:
1. Se debe proporcionar a los accionistas información suficiente de
forma regular, concerniente a la fecha, lugar y agenda de estas
Juntas Generales, además de una información detallada y
periódica sobre las cuestiones a tratar en las mismas.
2. Los accionistas deben contar con la oportunidad de formular
preguntas a la Junta e introducir puntos a debatir, dentro de un
límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.
19
D.
E.
3. Se debe permitir a los accionistas a votar personalmente o por
delegación, confiriendo el mismo valor y efecto a los votos
emitidos de una u otra forma.
Se deben revelar las estructuras o convenios de capital que permitan a
ciertos accionistas ejercer un control desproporcionado en
contraposición a su participación accionarial.
Los mercados de control societario deben funcionar de una manera
eficiente y transparente.
1.
La reglamentación y los trámites que rigen la adquisición de
control corporativo en los mercados de capitales, las transacciones
extraordinarias como las fusiones, y la venta de partes sustanciales
del activo social deben redactarse y comunicarse de forma directa
y clara para que los inversores entiendan sus derechos y posibles
recursos.
Las transacciones deben realizarse con precios
transparentes y en condiciones justas y equitativas a fin de
proteger los derechos de todos los accionistas de acuerdo con su
categoría.
2. Los mecanismos “antiabsorción” no se deben emplear para eximir
a la dirección de sus responsabilidades.
F. Los accionistas, incluidos los inversores institucionales, deben tomar en
cuenta el coste y los beneficios derivados del ejercicio de su derecho
de voto.
20
II.
TRATAMIENTO EQUITATIVO DE
LOS ACCIONISTAS
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar un trato
equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los
extranjeros. Todo accionista debe contar con la posibilidad de obtener
reparación efectiva por la violación de sus derechos.
A.
Todo accionista de la misma categoría debe ser tratado con equidad.
1. Sea cual sea su categoría, todo accionista debe tener los mismos
derechos de voto. Todos los inversores deben tener acceso a
información acerca de los derechos de voto asociados a todos los
tipos de acciones antes de adquirirlas. Cualquier cambio de los
derechos de voto debe estipularse mediante votación de los
accionistas.
2. Las entidades depositarias de las acciones deben emitir los votos
de acuerdo con la voluntad expresa del propietario nominal de las
acciones.
3. Los procesos y procedimientos de las Juntas Generales de
accionistas deben permitir el trato equitativo de todos los
accionistas. Los procesos de la compañía no deben hacer
excesivamente difícil o costosa la emisión de votos.
B.
Las transacciones con información privilegiada y la negociación
abusiva por cuenta propia deberían estar prohibidas.
C.
Se les debe exigir a los miembros del Consejo y a la dirección que
revelen cualquier conflicto de interés material en transacciones o
cuestiones que afecten a la sociedad.
21
III.
LA FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
SOCIAL EN EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES
El marco del gobierno de las sociedades debe reconocer los derechos de
los grupos de interés social estipulados por ley y alentar una
cooperación activa entre las sociedades y estas entidades en la creación
de riqueza, empleo y lograr que las empresas sean financieramente
sólidas
A.
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se respeten
los derechos de los grupos de interés social estipulados por ley.
B.
Donde los intereses de los grupos de interés social estén protegidos
por ley, toda entidad debe contar con la posibilidad de obtener
reparación efectiva por la violación de sus derechos.
C.
El marco del gobierno societario debe introducir mecanismos que
incrementen la participación activa de los grupos de interés social.
D.
Donde los grupos de interés social formen parte del proceso de
gobierno de las sociedades, deben tener acceso a información
relevante.
22
IV.
COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA
INFORMATIVA
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta
la información de manera precisa y de modo regular acerca de todas
las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos los
resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno de la
sociedad.
A.
La comunicación incluye, aunque no se limita a, una información
material sobre:
1.
2.
3.
4.
Los resultados financieros y de explotación de la empresa.
Los objetivos de la empresa.
La participación mayoritaria y los derechos de voto.
Los miembros del Consejo y los directivos clave y sus
remuneraciones.
5. .Los factores de riesgo material previsibles.
6. Las cuestiones materiales referentes a los empleados y otros
grupos de interés social.
7. Las estructuras y políticas de gobierno corporativo.
B.
Se debe preparar, auditar y presentar la información siguiendo los
estándares contables de calidad más exigentes, de descripción de
riesgo financiero y no financiero y de auditoría.
C.
Una empresa independiente debe realizar una auditoría anual que
permita establecer la preparación y presentación externa y objetiva de
los estados financieros.
D.
Los canales de divulgación de información deben permitir a los
usuarios un acceso a la información justo, regular y con un coste
razonable.
23
V.
LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO
El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices
estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte
del Consejo y la responsabilidad del Consejo hacia la empresa y sus
accionistas.
A.
Los miembros del Consejo deben desempeñar su labor contando con
una información completa, de buena fe, con la diligencia y cuidado
debidos y mirando siempre por los mejores intereses de la empresa y
de sus accionistas.
B.
Cuando las decisiones del Consejo pudiesen afectar a los distintos
grupos de accionistas de forma dispar, el Consejo debe actuar con
todos los accionistas de forma justa.
C.
El Consejo debe asegurar el cumplimiento con la ley, teniendo en
cuenta en todo momento los intereses de los grupos de interés social.
D.
El Consejo debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
1. La revisión y dirección de la estrategia corporativa, los planes de
acción principales, la política de riesgo, los presupuestos anuales y
los planes de negocio; el establecimiento de los objetivos sobre los
resultados; el control y seguimiento de la implantación de los
resultados corporativos; y la supervisión de los principales gastos,
adquisiciones y enajenaciones de capital.
2. La selección, retribución, control y, cuando se haga necesario,
sustitución de los directivos clave y la supervisión del plan de
sucesión.
24
3. La revisión de la remuneración de los directivos clave y de los
miembros del Consejo, asegurándose que el proceso de
designación de los Consejeros sea formal y transparente.
4. La supervisión y el arbitraje de los posibles conflictos de interés
entre la dirección, los miembros del Consejo y los accionistas,
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en
transacciones entre partes interesadas.
5. Garantizar la integridad de los sistemas de contabilidad y de los
estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría
independiente, y la implantación de los debidos sistemas de
control, en particular, control del riesgo, control financiero y
cumplimiento de la ley.
6. La supervisión de la efectividad de las prácticas de gobierno de
acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se
hagan necesarios.
7. La supervisión del proceso de comunicación y la política de
información.
E.
El Consejo debe ser capaz de ejercer un juicio objetivo sobre asuntos
corporativos con independencia, en particular, de la dirección.
1. Los consejos deben designar un número suficiente de consejeros no
ejecutivos capaces de ejercer un juicio independiente en asuntos
donde haya, potencialmente, conflictos de intereses. Parte de
estas responsabilidades clave son la información financiera, la
designación y la remuneración de directivos clave de los
miembros del Consejo.
2. Los miembros del Consejo deben dedicarle el tiempo suficiente a
sus responsabilidades.
F.
Los miembros del Consejo deben tener acceso a una información
precisa y relevante, de forma regular, con el fin de llevar a cabo sus
responsabilidades.
25
Segunda Parte
ANOTACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA OCDE
PARA EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES
27
I.
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
El marco del gobierno de las sociedades debe proteger los derechos de
los accionistas.
Los inversores en acciones poseen ciertos derechos de propiedad.
Una acción ordinaria, por ejemplo, se puede adquirir, vender o transferir. Una
acción ordinaria también otorga el derecho al inversor a participar en los
beneficios de la sociedad, con una disponibilidad limitada a la cantidad
invertida. Las acciones ordinarias proporcionan, además, el derecho a la
información sobre la sociedad y la representación en dicha sociedad,
principalmente por medio de su asistencia en las Juntas Generales de accionistas
y su derecho al voto.
La sociedad, no obstante, por razones de índole práctica, no puede
gestionarse por referéndum de accionistas. El accionariado está compuesto por
individuos e instituciones cuyos intereses, objetivos, plan de inversiones y
capacidades varían. Las instancias de gestión de la sociedad deben ser capaces,
además, de adoptar decisiones empresariales con rapidez. A la luz de esta
situación y de la complejidad que genera la administración de una empresa en
un mercado en evolución y cambio constantes, a los accionistas no se les exige
que asuman la responsabilidad de gestionar las actividades de la sociedad. La
responsabilidad de la estrategia corporativa y la gestión recae, generalmente,
sobre el Consejo y un equipo de dirección seleccionado, motivado y, si es
necesario, reemplazado por el Consejo.
Los derechos de los accionistas a intervenir en la gestión de la
sociedad se centran en ciertas cuestiones fundamentales: elegir a los miembros
del Consejo u otros medios para influir en la designación de este Consejo,
realizar enmiendas en los documentos orgánicos de la empresa, aprobar
transacciones extraordinarias y otras cuestiones especificadas en el reglamento
interno y en los estatutos de la compañía. Esta Sección se puede entender como
una declaración de los derechos básicos de los accionistas, que están estipulados
por ley en la mayor parte de los países miembros de la OCDE. Los derechos
adicionales, como puedan ser la aprobación o elección de los
29
auditores, la designación directa de los miembros del Consejo, la capacidad de
pignoración de acciones, la aprobación del reparto de beneficios, etc., quedan
recogidos en diferentes jurisdicciones.
A. Los derechos básicos de los accionistas incluyen el derecho a:
1) estipular los métodos de registro de la propiedad; 2)
traspasar o transferir las acciones; 3) recabar información
relevante sobre la sociedad de manera periódica; 4) participar
y votar en las Juntas Generales de accionistas; 5) designar a
los miembros del Consejo; y 6) participar en los beneficios de
la sociedad.
B. Los accionistas tienen derecho a participar y a estar lo
suficientemente informados sobre las decisiones que acarrean
cambios fundamentales en la sociedad, tales como: 1)
enmiendas a los estatutos, las escrituras de constitución u
otros documentos de gobierno de la sociedad; 2) la
autorización para la emisión de nuevas acciones; y 3)
transacciones extraordinarias que deriven en la venta de la
compañía.
C. Los accionistas deben contar con la posibilidad de participar
de forma efectiva y votar en las Juntas Generales de
accionistas, debiendo ser informados acerca del reglamento,
incluido el proceso de votación, que rige las Juntas Generales
de accionistas:
1. Se debe proporcionar a los accionistas información
suficiente de forma regular concerniente a la fecha, lugar y
agenda de estas Juntas Generales, además de una
información detallada y periódica sobre las cuestiones a
tratar en las mismas.
2. Los accionistas deben contar con la oportunidad de
formular preguntas a la Junta e introducir puntos a
debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las
Juntas Generales.
Ciertas compañías han ampliado la capacidad de los
accionistas para introducir puntos a debatir en la agenda,
simplificando así el proceso de presentación de enmiendas o
30
resoluciones, a fin de ampliar la participación de los inversores
en las Juntas Generales. También se ha incrementado la
capacidad de los accionistas para formular preguntas con
antelación y obtener respuestas de la dirección y los miembros
del Consejo. Las compañías están plenamente justificadas en
tratar de evitar que se introduzcan puntos y cuestiones frívolas
o perjudiciales en la agenda de las Juntas. Es razonable, por
ejemplo, exigir que para que las resoluciones propuestas por
accionistas sean incluidas en el orden del día, éstas sean
apoyadas por los accionistas significativos, es decir, aquellos
que puedan influir sobre el control de la compañía.
3. Se debe permitir a los accionistas a votar personalmente o
por delegación, confiriendo el mismo valor y efecto a los
votos emitidos de una u otra forma.
Los Principios recomiendan que la votación por delegación
sea aceptada en la mayoría de los casos. Además, el objetivo
de ampliar la participación de los accionistas sugiere que las
compañías acepten el uso general de la tecnología, ya sea
telefónica o electrónica. La creciente importancia de los
accionistas extranjeros indica que, por lo general, las
compañías deberían esforzarse al máximo para permitir la
participación de los accionistas mediante medios de
tecnología avanzada. La participación efectiva de accionistas
en las Juntas Generales puede mejorar desarrollando medios
de comunicación electrónicos seguros, permitiendo, de este
modo, que los accionistas se comuniquen entre sí sin tener que
cumplir con las formalidades de la solicitud del voto por
delegación. Los procedimientos de las Juntas, para garantizar
la transparencia, deben asegurar que el recuento y el registro
de votos se realicen adecuadamente, y que se lleve a cabo el
oportuno comunicado de resultados.
D. Se deben revelar las estructuras o convenios de capital que
permitan a ciertos accionistas ejercer un control
desproporcionado en contraposición a su participación
accionarial.
Ciertas estructuras de capital permiten a un accionista ejercer un
control desproporcionado en comparación a su cuota accionarial
en la empresa. Se pueden aprovechar las estructuras piramidales y
de participación accionaria recíproca para disminuir la capacidad
31
para influir en la política corporativa de los accionistas no
mayoritarios.
Otras cuestiones pueden afectar el control de la sociedad además
de estas relaciones de propiedad. Los acuerdos entre accionistas
son medios habituales para que grupos de accionistas que,
individualmente, posean cantidades relativamente pequeñas de
acciones sobre el total del accionariado, puedan actuar
conjuntamente para constituirse en una mayoría efectiva o, cuando
menos, convertirse en el bloque más importante. Los acuerdos
entre accionistas suelen otorgar a los participantes derechos
preferentes sobre la adquisición de acciones si las otras partes del
acuerdo desean vender. Estos acuerdos también pueden incluir
provisiones que impidan a los participantes la venta de sus
acciones durante un tiempo concertado. Los acuerdos entre
accionistas cubren cuestiones tales como el modelo de designación
del Consejo o su presidente. Estos acuerdos pueden, asimismo,
obligar a sus participantes a efectuar un voto en bloque.
Los topes de votación limitan el número de votos que puede emitir
un accionista sin importar la cantidad de acciones que posea. Los
topes de votación redistribuyen, por lo tanto, el control y pueden
afectar a la predisposición de participación de un accionista en las
Juntas Generales.
Dada la capacidad de estos mecanismos para redistribuir la
influencia de los accionistas en la política de la compañía, los
accionistas deben esperar, razonablemente, que se revelen dichas
estructuras y convenios de capital.
E. Los mercados de control societario deben funcionar de una
manera eficiente y transparente.
1. La reglamentación y los trámites que rigen la adquisición
de control corporativo en los mercados de capitales, las
transacciones extraordinarias como las fusiones, y la venta
de partes sustanciales del activo social deben redactarse y
comunicarse de forma directa y clara para que los
inversores entiendan sus derechos y posibles recursos. Las
transacciones deben realizarse con precios transparentes y
en condiciones justas y equitativas a fin de proteger los
derechos de todos los accionistas de acuerdo con su
categoría.
32
2. Los mecanismos “antiabsorción” no se deben emplear para
eximir a la dirección de sus responsabilidades.
En algunos países, las compañías emplean mecanismos
“antiabsorción”. Sin embargo, tanto los inversores, como las
bolsas de valores, han expresado su preocupación por la
posibilidad de que un uso generalizado de mecanismos
“antiabsorción” resulte ser un serio impedimento para el
funcionamiento del mercado de control corporativo. Los
métodos “antiabsorción” son sencillamente, en algunos casos,
mecanismos empleados por la dirección para protegerse del
control del accionariado.
F. Los accionistas, incluidos los inversores institucionales, deben
tomar en cuenta el coste y los beneficios derivados del ejercicio
de su derecho de voto.
Los Principios no abogan por una estrategia de inversión en
particular y no pretenden dictaminar el grado óptimo de activismo
de los inversores. No obstante, muchos inversores han llegado a la
conclusión de que se pueden obtener beneficios financieros
llevando a cabo una tarea de análisis razonable y ejerciendo sus
derechos de voto. Algunos inversores institucionales también
desvelan sus propias políticas por respeto a las empresas en las que
invierten.
33
II.
TRATAMIENTO EQUITATIVO DE
LOS ACCIONISTAS
El marco del gobierno societario debe asegurar un trato equitativo para
todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todo
accionista debe contar con la posibilidad de obtener reparación efectiva
por la violación de sus derechos.
La confianza de los inversores en que el capital que proporcionen esté
protegido de la malversación o apropiación indebida por parte de los directivos
corporativos, miembros del Consejo o accionistas mayoritarios es un factor
importante en los mercados de capitales. Los Consejos de Administración, la
dirección y los accionistas mayoritarios pueden realizar actividades en beneficio
propio a expensas de los accionistas minoritarios. Los Principios del gobierno
de las sociedades defienden un trato equitativo entre los accionistas extranjeros
y nacionales. No se amparan en la política gubernamental para regular la
inversión extranjera directa.
Los accionistas puedan hacer respetar sus derechos de distintas
maneras.
Una de ellas consiste en poder iniciar procesos legales o
administrativos contra la dirección y los miembros del Consejo. La experiencia
ha demostrado que un factor determinante del grado de protección de los
derechos de los accionistas reside en la existencia de métodos eficaces para
obtener reparación por agravios a un precio razonable y sin excesiva demora.
La confianza de los inversores minoritarios se ve realzada cuando el sistema
legal les proporciona mecanismos para entablar una querella si poseen pruebas
suficientes de la violación de sus derechos.
Existe el riesgo de que un sistema legal que permita a cualquier
inversor desafiar el gobierno societario en los tribunales pueda desembocar en
una situación de exceso de litigación. Muchos sistemas legales, por
consiguiente, han introducido provisiones encaminadas a proteger a la dirección
y a los miembros del Consejo contra el abuso de litigios por medio de ‘tests de
validez’ de las reclamaciones de los accionistas. Son las denominadas zonas de
seguridad para la gestión de la dirección y los miembros del Consejo (como
pueda ser la norma de evaluación de la oportunidad de negocio, así como las
34
zonas de seguridad para la revelación de información. Lo importante, a fin de
cuentas, es hallar un equilibrio entre la libertad de los inversores para poner
remedio a la violación de sus derechos de propiedad y evitar el exceso de
litigación. Muchos países han descubierto que unos procesos de adjudicación
alternativos, como las audiencias administrativas o los procesos de arbitraje
organizados por los organismos reguladores de los mercados de valores y otras
entidades, son métodos eficaces para alcanzar acuerdos, al menos en instancias
inferiores.
A. Todo accionista de la misma categoría debe ser tratado con
equidad.
1. Sea cual sea su categoría, todo accionista debe tener los
mismos derechos de voto. Todos los inversores deben
tener acceso a información acerca de los derechos de voto
asociados a todos los tipos de acciones antes de adquirirlas.
Cualquier cambio de los derechos de voto debe estipularse
mediante votación de los accionistas.
Lo idóneo es que la dirección y el Consejo decidan sobre la
estructura de capital óptima, sujeta a la aprobación de los
accionistas. Algunas compañías emiten acciones preferentes,
cuyo principal rasgo es su retribución fija si el emisor logra
unos beneficios mínimos, pero carece de derecho a voto. Las
compañías también pueden emitir participaciones de
copropiedad o acciones sin derecho a voto.
Ambas,
presumiblemente, se cotizan a distinto precio que las acciones
con derecho a voto. Todas estas alternativas pueden ser
interesantes a la hora de redistribuir el riesgo y los dividendos.
Se opina que estas estructuras operan pensando en los mejores
intereses para la compañía y que su financiación es rentable.
Los Principios no toman partido sobre el concepto “una
acción, un voto”. Muchos inversores institucionales y
asociaciones de accionistas, no obstante, apoyan este
concepto.
Se debe informar a los inversores sobre sus derechos de voto
antes de invertir. Una vez que hayan invertido, sus derechos
no se deben modificar a menos que los titulares de acciones
con derecho a voto participen en esta decisión. Las
propuestas para modificar los derechos de voto de los distintos
tipos de acciones se suelen someter a aprobación en las Juntas
Generales de accionistas por una mayoría especificada de
acciones con derecho a voto en las categorías afectadas.
35
2. Las entidades depositarias de las acciones deben emitir los
votos de acuerdo con la voluntad expresa por el propietario
nominal de las acciones.
En ciertos países de la OCDE se acostumbra a que las
instituciones financieras depositarias de títulos valores de
inversores emitieran los votos de dichas acciones. Se les suele
pedir a los custodios, tales como bancos o empresas de
intermediación bursátil, que actúen como titulares nominativos de
títulos para sus clientes, y que voten a favor de la dirección, a
menos que el accionista les indique lo contrario.
La tendencia en los países de la OCDE va encaminada a eliminar
las provisiones que permitan automáticamente a las instituciones
depositarias emitir los votos de los accionistas. Se han revisado
recientemente las normas en algunos países para que las
instituciones de custodia les proporcionen a los accionistas la
información pertinente acerca de sus derechos de voto. Los
accionistas pueden optar por delegar todos sus derechos de voto a
los custodios. Como alternativa, pueden elegir ser informados
acerca de cada votación individual, pudiendo combinar su
ejercicio de derecho a voto con la delegación del mismo al
custodio. Es imprescindible hallar un equilibrio razonable entre
asegurarse que los custodios no emiten votos sin tomar en cuenta
los deseos de los accionistas y no imponer excesivas dificultades
de tal manera que los custodios puedan conseguir la aprobación de
los accionistas antes de emitir sus votos. Basta con informar al
accionista que, si no recibe instrucciones diferentes, el custodio
emitirá los votos anteponiendo siempre el mejor interés del
accionista.
Debe destacarse que este particular no es pertinente en el ejercicio
del derecho a voto por parte del administrador fiduciario u otro
representante que actúe bajo un mandato legal específico (tales
como, síndicos en quiebra y albaceas testamentarios).
3.
Los procesos y procedimientos de las Juntas Generales de
accionistas deben permitir el trato equitativo de todos los
accionistas. Los procesos de la compañía no deben hacer
excesivamente difícil o costosa la emisión de votos.
En la Sección I de los Principios, el derecho a participar en Juntas
Generales de accionistas se catalogó como un derecho del
36
accionista. La dirección y los inversores mayoritarios han
intentado, a veces, desalentar a los inversores minoritarios o
extranjeros de ejercer una influencia en la gestión de la compañía.
Algunas empresas han cobrado tarifas por el derecho a voto.
Hubo otros impedimentos, como la prohibición del voto por
delegación, y la exigencia de la presencia personal del accionista
en las juntas generales para votar. Existen incluso otros
procedimientos que hacen prácticamente imposible ejercer los
derechos de propiedad. Se puede enviar, por ejemplo, la
información pertinente para el voto delegado en una fecha
demasiado cercana a las Juntas Generales de accionistas
denegando a los inversores un tiempo de reflexión y consulta
suficiente. Muchas compañías de los países de la OCDE desean
crear mejores canales de comunicación y de toma de decisiones
con los accionistas. Se recomienda un esfuerzo por parte de las
compañías para eliminar las barreras artificiales a los derechos de
participación en las Juntas Generales de accionistas.
B. Las transacciones con información privilegiada y la
negociación abusiva por cuenta propia deberían estar
prohibidas.
Las negociaciones abusivas por cuenta propia ocurren cuando
personas que guardan una estrecha relación con la compañía la
explotan en detrimento de la empresa y los inversores. Dado que
las transacciones con información privilegiada implican una
manipulación de los mercados de capitales, queda
terminantemente prohibida por los distintos reguladores del
mercado de valores, el reglamento interno de la compañía o por el
derecho penal en la mayoría de los países de la OCDE. No todas
las jurisdicciones prohiben, sin embargo, dichas prácticas. En
algunos casos no se aplica la ley hasta sus últimas consecuencias.
Estas prácticas constituyen un incumplimiento del “buen
gobierno” dado que violan el principio de trato equitativo entre
accionistas.
Los Principios reafirman que las expectativas de los inversores de
prohibición de las transacciones con información privilegiada son
razonables. En algunos casos donde estos abusos no quedan
estrictamente prohibidos por la legislación o cuando la aplicación
de la ley vigente no es eficaz, sería importante que los gobiernos
tomasen medidas para eliminar dichos abusos.
37
C.
Se les debe exigir a los miembros del Consejo y a la dirección que
revelen cualquier conflicto de interés material en transacciones o
cuestiones que afecten a la sociedad.
Este punto se refiere a situaciones donde los miembros del Consejo o
de la alta dirección posean una empresa, familia u otra relación
privilegiada que puedan afectar su juicio con respecto a una
transacción.
38
III.
LA FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
SOCIAL EN EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES
El marco del gobierno de las sociedades debe reconocer los derechos de
los grupos de interés social estipulados por ley y alentar una
cooperación activa entre las sociedades y estas entidades en la creación
de riqueza, empleo y lograr que las empresas sean financieramente
sólidas.
Un aspecto clave del gobierno de las sociedades consiste en asegurar
el flujo de capital externo a las empresas. El gobierno societario también busca
activamente formas de fomentar la inversión socialmente eficiente de los grupos
de interés social en capital físico y humano de la compañía. La competitividad
y el éxito final de una sociedad es el resultado de un trabajo en equipo que
englobe las aportaciones de una amplia gama de proveedores de diferentes
recursos, a saber: inversores, empleados, acreedores y proveedores. Las
sociedades deberían reconocer que las aportaciones de los grupos de interés
social constituyen un recurso de gran valor a la hora de crear compañías
rentables y competitivas. Por lo tanto, fomentar la creación de riqueza y la
cooperación entre los distintos grupos de interés social supone un beneficio a
largo plazo para la compañía. El marco del gobierno corporativo debe
reconocer que, velando por los intereses de los grupos de interés social y por su
aportación al éxito a largo plazo, se fomentan y promueven los propios intereses
de la empresa.
A. El marco del gobierno societario debe asegurar que se
respeten los derechos de los grupos de interés social
estipulados por ley.
En todos los países miembros de la OCDE, los derechos de los
grupos de interés social están estipulados por ley, tales como en el
derecho laboral, mercantil, contractual y en la legislación sobre
insolvencia. Incluso en aquellas áreas donde no haya legislación
sobre los intereses de las distintas entidades con participación en
39
la empresa, muchas firmas llevan a cabo compromisos adicionales
con estos grupos de interés. La preocupación por la reputación y
los resultados corporativos a menudo requiere el reconocimiento
de unos intereses más amplios.
B. Donde los intereses de los grupos de interés social estén
protegidos por ley, toda entidad debe contar con la posibilidad
de obtener reparación efectiva por la violación de sus
derechos.
El marco y los procesos legales deben ser transparentes, y no un
impedimento a la capacidad de comunicación y la garantía de
reparaciones por violación de derechos de los grupos de interés
social.
C. El marco del gobierno societario debe de permitir el
desarrollo de mecanismos que incrementen la participación
activa de las entidades con participación en la empresa.
Los marcos del gobierno de las sociedades prescriben distintas
funciones para los grupos de interés social. El grado de
participación de estas entidades depende del derecho y las
prácticas en cada país, pudiendo también variar según la
compañía. Los planes de opción de compra de acciones por los
empleados u otros mecanismos de distribución de beneficios o
procesos de gobierno que tomen en cuenta los puntos de vista de
los grupos de interés social en ciertas decisiones claves,
constituyen ejemplos de mecanismos de participación de estos
grupos. Pueden, además, hacer partícipes del gobierno societario
a los acreedores en el contexto de los procedimientos legales por
insolvencia.
D. Donde los grupos de interés social formen parte del proceso
del gobierno societario, deben tener acceso a información
relevante.
Donde las normas y prácticas de los sistemas de gobierno
garanticen la participación de los grupos de interés social, es
importante que estas entidades tengan acceso a la información
necesaria para cumplir con sus responsabilidades.
40
IV.
COMUNICACIÓN Y
TRANSPARENCIA INFORMATIVA
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta
la información de manera precisa y de modo regular acerca de todas
las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos los
resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno
corporativo.
En la mayoría de los países de la OCDE, se compila una gran cantidad
de información, tanto preceptiva como voluntaria, sobre empresas que cotizan
en bolsa e importantes sociedades no cotizadas. Una amplia gama de usuarios
consulta estos datos. Se suele requerir la presentación pública de esta
información como mínimo anualmente, aunque ciertos países exigen una
presentación periódica, semestral o trimestral, de esta información, o incluso en
lapsos de tiempo menores en el caso de desarrollos materiales que afecten a la
compañía. Las empresas revelan, a menudo, información de forma voluntaria,
más allá de las exigencias impuestas, en respuesta a la demanda del mercado.
Un régimen sólido de comunicación de la información es una
característica fundamental de la supervisión mercantil de las sociedades. Es un
rasgo primordial en el ejercicio de voto de los accionistas. La experiencia en
aquellos países con unos importantes y activos mercados de valores demuestra
que la comunicación de la información también puede llegar a ser una poderosa
herramienta para influir sobre el comportamiento de las compañías y proteger a
los inversores. Un sistema de información sólido puede ayudar a atraer capital
y, de este modo, mantener la confianza en los mercados de capitales. Los
accionistas y los inversores potenciales requieren una información regular,
fiable y comparable, lo suficientemente detallada para evaluar la administración
de la dirección y adoptar decisiones contrastadas acerca del valor, la titularidad
y el derecho de voto de las acciones. Una información insuficiente o confusa
puede obstaculizar la capacidad de funcionamiento de los mercados e
incrementar el coste del capital, desencadenando una mala adjudicación de los
recursos.
41
La comunicación de la información también ayuda a mejorar la
comprensión pública de la estructura y actividades de las empresas, de las
políticas corporativas y de los resultados con respecto a las normativas
medioambientales y éticas, y las relaciones de dichas sociedades con las
comunidades en las que operan. Las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales son relevantes en este contexto.
Los requisitos de comunicación de la información no deben constituir
cargas administrativas o financieras desproporcionadas para las empresas.
Tampoco se pretende que las compañías revelen información que pueda poner
en peligro su posición competitiva, a no ser que dicha documentación sea
necesaria para informar detalladamente sobre una decisión de inversión y, de
este modo, evitar engañar o inducir a error al inversor. A fin de determinar qué
mínimo de información debe comunicarse, muchos países aplican el concepto
de materialidad. La información material se puede definir como información
cuya omisión o presentación errónea puede llegar a influir en las decisiones
económicas adoptadas por los usuarios de dicha información.
Los Principios apoyan una documentación oportuna de todos los
desarrollos materiales que puedan surgir entre los informes regulares. Apoyan,
igualmente, la canalización de información al accionariado con el fin de
asegurar un trato equitativo.
A. La comunicación incluye, aunque no se limita a, una
información material sobre:
1. Los resultados financieros y de explotación de la empresa.
Los estados financieros auditados que detallen los resultados y
situación financiera de la compañía (que generalmente
incluyen el balance de situación, la cuenta de ganancias y
pérdidas, el estado de flujos de caja, y notas sobre los estados
financieros) son la fuente de información más consultada
sobre las compañías. En su formato actual, los dos objetivos
principales de los estados financieros consisten en permitir una
supervisión adecuada y proporcionar la base para valorar los
títulos. El informe y el análisis de operaciones de la dirección
se incluyen, habitualmente, en los informes anuales. Este
informe crítico de la dirección resulta muy útil si se lee en
unión con los estados financieros adjuntos. Los inversores
están especialmente interesados por la información que les
pueda revelar los resultados futuros de la empresa.
42
Es importante comunicar aquellas transacciones vinculadas a
un grupo entero. Los fallos en el gobierno de las sociedades
están relacionados, posiblemente, a la
norevelación “de la situación global”, especialmente cuando
ciertos datos que no aparecen en el balance de situación se
utilizan para proporcionar garantías o compromisos similares
entre compañías vinculadas.
2. Los objetivos de la empresa.
Además de sus objetivos de negocio, se anima a las compañías
a comunicar su política con respecto a su código deontológico
empresarial, su política medioambiental y otros compromisos
políticos públicos.
Dicha información puede resultar
importante para los inversores y otros usuarios de la
información a fin de evaluar con más precisión la relación
existente entre las empresas y las comunidades donde éstas
operan y las medidas adoptadas por las compañías para
implantar sus objetivos.
3. La participación mayoritaria y los derechos de voto.
Uno de los derechos básicos de los inversores es recibir
información sobre la estructura de propiedad de la empresa y
sobre sus derechos con respecto a los derechos de otros
titulares. Ciertos países exigen, a menudo, la revelación de los
datos de propiedad una vez se hayan traspasado ciertos
umbrales de propiedad. Dicha documentación puede contener
datos sobre los accionistas mayoritarios u otras entidades que
controlen o puedan controlar la compañía, incluida la
información sobre los derechos especiales de voto, los
acuerdos entre accionistas, los accionistas mayoritarios o los
titulares de grandes paquetes de acciones, relaciones
significativas de participación accionaria recíproca y las
garantías recíprocas. (Ver Sección I.D) También está previsto
que las compañías desvelen información acerca de las
transacciones entre partes interesadas.
4. Los miembros del Consejo y los directivos clave y sus
remuneraciones.
Los inversores requieren información sobre cada miembro del
Consejo y los directivos clave con el fin de contrastar su
43
experiencia laboral y sus cualificaciones, y evaluar cualquier
conflicto de intereses potencial que pueda afectar a su labor
y juicio.
Los honorarios de los miembros del Consejo y de los
directivos también constituye un asunto de interés para los
accionistas. Las compañías deberían, por lo general, ofrecer
documentación suficiente acerca de la retribución de los
miembros del Consejo y de los directivos clave (de manera
individual o con una cifra que refleje la media). De esta
manera, los inversores pueden evaluar con precisión los costes
y beneficios de los planes de remuneración y el rendimiento de
los planes de incentivos, tales como los planes de opción de
compra de acciones, sobre las ganancias.
5. Los factores de riesgo material previsibles.
Los usuarios de la información financiera y los participantes
en el mercado necesitan información sobre los riesgos
materiales razonablemente previsibles, a saber: riesgos
específicos del sector o zonas geográficas; dependencia de
bienes materiales; riesgos del mercado financiero como el tipo
de interés o el riesgo de una divisa; el riesgo relacionado con
los derivados o las transacciones no reflejadas en el balance de
situación; y los riesgos relacionados con la responsabilidad
medioambiental.
Los Principios no prevén la comunicación de información con
mayor lujo de detalle del estrictamente necesario para
informar con precisión a los inversores de los riesgos
materiales y previsibles de la empresa. La comunicación del
riesgo es más eficaz cuando está hecha a medida del sector en
cuestión. Iniciar el debate de si las compañías debiesen haber
ideado sistemas de supervisión del riesgo o no también resulta
útil.
6. Las cuestiones materiales referentes a los empleados y otros
grupos de interés social.
Se exhorta a las compañías a que proporcionen información
sobre asuntos claves relevantes para los empleados y otros
grupos de interés social que puedan afectar de manera material
el rendimiento de la compañía. Esta información puede incluir
44
las relaciones entre la dirección y los empleados y las
relaciones con otros grupos de interés social, como son los
acreedores, los proveedores y las comunidades locales.
Ciertos países exigen una documentación extensa de
información en materia de recursos humanos. Las políticas de
recursos humanos, tales como los programas de desarrollo o
los planes de opción de compra de acciones para los
empleados, pueden proporcionar información útil a los
participantes en el mercado acerca de la fuerza competitiva de
la compañía.
7. Las estructuras y políticas de gobierno.
Se anima a las compañías a que informen sobre la aplicación
práctica que hacen de los principios relevantes de gobierno de
la sociedad. La información sobre las estructuras y políticas
de gobierno de la compañía y, en particular, el reparto de
poder entre accionistas, dirección y miembros del Consejo es
importante para la evaluación del “buen gobierno” de una
empresa.
B. Se debe preparar, auditar y presentar la información
siguiendo los estándares contables de calidad más exigentes,
de descripción de riesgo financiero y no financiero y de
auditoría.
Se espera que la aplicación de unos criterios de la más alta calidad
mejore considerablemente la capacidad de los inversores para
supervisar a la compañía, proporcionando informes más fiables y
contrastados e incrementar la comprensión del rendimiento de la
compañía. La calidad de la información depende de los criterios
empleados para compilarla y desvelarla. Los Principios apoyan el
desarrollo de unos estándares de alta calidad reconocidos
internacionalmente y que pueden ayudar a perfeccionar la
comparación de información entre países.
C. Una empresa independiente debe realizar una auditoría anual
que permita establecer la preparación y presentación external
y objetiva de los estados financieros.
Muchos países han desarrollado medidas que incrementan la
independencia de los auditores y su responsabilidad de cara a los
45
accionistas. Está ampliamente aceptado que la aplicación de
criterios de la más alta calidad y el uso de códigos deontológicos
suponen uno de los mejores métodos para incrementar la
independencia y fortalecer el prestigio de la profesión. Como
medidas adicionales, se pretende fortalecer el papel de los Comités
de Auditoría del Consejo e incrementar la responsabilidad del
Consejo en el proceso de selección del auditor.
Algunos países de la OCDE han aprobado otras propuestas.
Algunos aplican ciertas limitaciones a la remuneración por
trabajos no vinculados a la auditoría propiamente dicha que un
cliente específico puede otorgar a un auditor. Otros requieren que
sus compañías comuniquen los emolumentos recibidos por los
auditores por servicios profesionales de otra índole. Puede haber,
además, limitaciones sobre el porcentaje total de la remuneración
del auditor que pueda provenir de un único cliente. El control de
calidad del auditor por parte de otro auditor, prohibiciones sobre la
provisión de servicios profesionales de otra naturaleza, rotaciones
obligatorias de auditores y la contratación directa del auditor por
los accionistas son ejemplos de otras propuestas.
D. Los canales de divulgación de información deben permitir a
los usuarios un acceso a la información justo, regular y con un
coste razonable.
Los canales de divulgación de la información pueden ser tan
importantes como el contenido de la misma. Mientras que la
comunicación de la información está, a menudo, estipulada por
ley, el archivo y acceso a la información pueden resultar pesados y
costosos. El archivo de los informes legales se ha simplificado
sobremanera en ciertos países gracias a los archivos electrónicos y
los sistemas de recuperación de datos. Internet y otras tecnologías
de la información también posibilitan la mejora de la
comunicación de la información.
46
V.
LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO
El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices
estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte
del Consejo y la responsabilidad del Consejo hacia la empresa y sus
accionistas.
Las estructuras y los procedimientos de los consejos varían tanto en,
como entre, los países miembros de la OCDE. Algunos países tienen Consejos
de dos niveles que separan las funciones de supervisión y gestión en diferentes
organismos. Dichos sistemas duales, por lo general, cuentan con un “Consejo
de Supervisión” compuesto por miembros no ejecutivos del Consejo y un
“Consejo de Administración” formado en su totalidad por directivos. Otros
países tienen consejos “unitarios”, que combinan a los miembros ejecutivos del
Consejo con los no ejecutivos. Los Principios son, supuestamente, lo
suficientemente generales y amplios para poder aplicarse a cualquier estructura
de Consejo encargada del gobierno societario y de la supervisión de la
dirección.
Además de dirigir la estrategia corporativa, el Consejo es el máximo
responsable de la supervisión del rendimiento del equipo directivo y garante de
un beneficio aceptable para los accionistas. A su vez, está encargado de
prevenir los conflictos de intereses y equilibrar los requisitos que los distintos
grupos realizan a la sociedad. Los Consejos deben mantener un cierto grado de
independencia con respecto a la dirección a fin de cumplir eficientemente con
sus responsabilidades. Otra de las responsabilidades relevantes del Consejo
consiste en implantar los sistemas diseñados para asegurar que la sociedad
cumpla con la normativa vigente, a saber: los derechos impositivo y laboral; las
leyes de igualdad de oportunidades y competencia; y las normativas sanitaria,
medioambiental y de seguridad. Se recomienda, además, que los Consejos
tomen en cuenta, y traten de forma justa, los intereses de otros grupos de interés
social, por ejemplo, los empleados, los acreedores, los clientes, los proveedores
y las comunidades locales.
El cumplimiento de las normativas
medioambientales y sociales es relevante en este contexto.
47
A. Los miembros del Consejo deben desempeñar su labor
contando con una información completa, de buena fe, con la
diligencia y cuidado debidos y mirando siempre por los
mejores intereses de la empresa y de sus accionistas.
En ciertos países es exigible por ley que el Consejo actúe en
interés de la empresa, tomando en cuenta los intereses de los
accionistas, los empleados y el bien social. Este modelo de acción
no debe permitir, en ningún caso, que los miembros de la
dirección se perpetúen en sus puestos.
B. Cuando las decisiones del Consejo pudiesen afectar a los
distintos grupos de accionistas de forma dispar, el Consejo
debe actuar con todos los accionistas de forma justa.
C. El Consejo debe asegurar el cumplimiento con la ley, teniendo
en cuenta en todo momento los intereses de las entidades con
participación en la empresa.
D. El Consejo debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
1. La revisión y dirección de la estrategia corporativa, los
planes de acción principales, la política de riesgo, los
presupuestos anuales y los planes de negocio; el
establecimiento de los objetivos sobre los resultados; el
control y seguimiento de la implantación de los resultados
corporativos; y la supervisión de los principales gastos,
adquisiciones y enajenaciones de capital.
2. La selección, retribución, control y, cuando se haga
necesario, sustitución de los directivos clave y la
supervisión del plan de sucesión.
3. La revisión de la remuneración de los directivos clave y de
los miembros del Consejo, asegurándose que el proceso de
designación de los Consejeros sea formal y transparente.
4. La supervisión y el arbitraje de los posibles conflictos de
interés entre la dirección, los miembros del Consejo y los
accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos
48
corporativos y el abuso en transacciones entre partes
interesadas.
5. Garantizar la integridad de los sistemas de contabilidad y
de los estados financieros de la sociedad, incluida una
auditoría independiente, y la implantación de los debidos
sistemas de control, en particular, control del riesgo,
control financiero y cumplimiento de la ley.
6.
La supervisión de la efectividad de las prácticas de
gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando
cambios a medida que se hagan necesarios.
7. La supervisión del proceso de comunicación y la política de
información.
Las funciones específicas de los miembros del Consejo
pueden diferir dependiendo de la normativa interna y los
estatutos de la compañía en cada jurisdicción. Se considera
que los elementos referidos arriba son, sin embargo,
esenciales para los propósitos del gobierno societario.
E. El Consejo debe ser capaz de ejercer un juicio objetivo sobre
asuntos corporativos con independencia, en particular, de la
dirección.
La gran variedad de las estructuras y prácticas de los Consejos en
los distintos países requieren unos enfoques diferentes con
referencia a la cuestión de los miembros independientes del
Consejo. La independencia del Consejo suele significar que un
número suficiente de consejeros no trabaje para la compañía y no
esté estrechamente vinculado a la empresa o a la dirección por
lazos familiares, económicos u otros. Esto no impide a los
accionistas ser miembros del Consejo.
Los consejeros independientes del Consejo pueden contribuir de
forma significativa en la toma de decisiones. Aportan un punto de
vista objetivo a la evaluación del rendimiento del Consejo y la
dirección. Pueden desempeñar un papel relevante, además, en
temas donde haya conflictos de interés entre la dirección, la
compañía y los accionistas, tales como la retribución de los
ejecutivos, los planes de sucesión, las modificaciones en el control
49
societario, las medidas “antiabsorción”, las grandes adquisiciones
y la función de auditoría.
El Presidente, como cabeza del Consejo, desempeña una función
fundamental asegurando el “buen gobierno” de la empresa.
También es responsable del funcionamiento efectivo del Consejo.
En algunos países el Presidente puede apoyarse en los servicios
del Secretario del Consejo. En los sistemas de Consejo unitario, la
separación de funciones entre el primer ejecutivo y el Presidente
se emplea para asegurar un equilibrio de poder apropiado,
incrementando de este modo la responsabilidad y capacidad del
Consejo para adoptar decisiones independientes.
1.
Los Consejos deben designar un número suficiente de
consejeros no ejecutivos capaces de ejercer un juicio
independiente en asuntos donde haya, potencialmente,
conflictos de intereses. Parte de estas responsabilidades
clave son la información financiera, la designación y la
remuneración de directivos claves de los miembros del
Consejo.
Mientras que las responsabilidades de información financiera,
la remuneración y los nombramientos recaen sobre el
Consejo, los miembros no ejecutivos e independientes del
Consejo pueden proporcionar una garantía adicional de
defensa de los intereses de los participantes en el mercado.
También, se recomienda que los Consejos se planteen la
creación de Comités específicos cuya misión consista en
analizar cuestiones donde puedan surgir, potencialmente,
conflictos de intereses.
Estos Comités requieren una
participación mínima o total de miembros no ejecutivos.
2. Los miembros del Consejo deben dedicarle el tiempo
suficiente a sus responsabilidades.
Se considera que ser miembro de demasiados Consejos puede
interferir con el rendimiento exigible a los consejeros. Las
compañías pueden estipular la certeza o no de esta creencia.
Algunos países han limitado el número de asientos que
alguien pueda ocupar en distintos Consejos.
Estas
limitaciones específicas pueden ser menos importantes que el
hecho de que los consejeros gocen de la legitimidad y
confianza de los accionistas.
50
Algunas compañías se han beneficiado de la formación y de la
autoevaluación voluntaria que sirven para cumplir las
necesidades concretas de una empresa a fin de mejorar las
prácticas del Consejo y el rendimiento de sus miembros. Este
desarrollo puede producir la exigibilidad a los miembros del
Consejo de los conocimientos necesarios en el momento de su
nombramiento y la necesidad posterior de mantenerse al
corriente de las nuevas normativas y regulaciones pertinentes,
así como, de las fluctuaciones en los riesgos mercantiles.
F. Los miembros del Consejo deben tener acceso a una
información precisa y relevante, de forma regular, con el fin
de llevar a cabo sus responsabilidades.
Los miembros del Consejo requieren información relevante de
forma periódica para apoyar sus decisiones. Los miembros no
ejecutivos del Consejo no suelen contar con el mismo acceso a la
información que los directivos clave de la compañía. Las
aportaciones de los miembros no ejecutivos del Consejo a la
empresa se pueden realzar permitiendo una comunicación directa
con ciertos directivos clave dentro de la compañía como, por
ejemplo, el Secretario y el Auditor interno y teniendo acceso a un
servicio de asesoría independiente y externo a expensas de la
compañía. Los miembros del Consejo deben asegurarse de
recabar información precisa, relevante y regular a fin de cumplir
con sus responsabilidades.
51
OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
PRINTED IN FRANCE
(21 1999 06 4 P) ISBN 92-64-47126-X – No. 50909 1999
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